La indústria nuclear,  lluny de demanar perdó per les seves víctimes, aposta per una fugida endavant exprimint les seves inversions a costa de la salut i seguretat de les persones i fent propostes cada cop més arriscades per la població de l’entorn d’aquestes instal·lacions.

La última “ocurrència” de la Industria Nuclear fou el proposar allargar la vida de les C.N de l’Estat fins als seixanta anys o més d’activitat. Quan la majoria de Països de l’Europa Occidental miren cap endavant i aposten per les energies netes i renovables, a l’Estat Espanyol fins ara els successius governs del PP han optat per fer tot el contrari, afavorir una energia obsoleta que hauria de formar part del passat. Des de Ecologistes en Acció esperem que les promeses del nou Govern de l’Estat es transformin en realitat, però seguirem insistint en la necessitat de prescindir d’aquest tipus d’energia per l’any 2024 data en que hauran caducat totes les llicències actuals d’explotació de les plantes atòmiques  de l’Estat.

Ecologistes en Acció de Catalunya, en motiu de l’aniversari de l’accident de Vandellòs I,  vol fer un exercici de  memòria, la memòria imprescindible per a que un succés com aquell no torni a passar,  el tancament de la central nuclear de Vandellòs I, va ser fruit d’una onada de mobilitzacions socials que contestaven les manipulacions i mentides de l’empresa IFRENSA gestora de l’emplaçament  i dels representants dels interessos nuclears, no s’hauria aconseguit tancar Vandellòs I sense mobilitzacions . El lema va ser: “Tanquem les nuclears, la primera Vandellòs”. Anys després canviem els lemes i els adaptem als nous temes però seguim essent conscients de la necessitat de fer arribar a l’opinió pública que el problema segueix sent el mateix, per la inseguretat d’unes instal·lacions que ho hem de dir clarament amenacen a tota la població, sense una societat activa encontra d’aquestes instal·lacions serà més  difícil deixar endarrere aquest malson que ha estat l’energia nuclear, una energia obsoleta que forma part del segle passat però que malauradament encara provoca estralls al segle XXI .

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La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción presentó este pasado miércoles una denuncia en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en la que informaba a esta administración de las grandes transformaciones que está sufriendo el barranco de Veneguera debido a las obras que el Grupo Lopesan está llevando a cabo en el citado lugar, con objeto de que comprueben si cuentan con los permisos correspondientes. Ya el pasado año la empresa fue sancionada por una denuncia de la federación ecologista por excederse en las actuaciones durante el acondicionamiento de sus fincas, lo que le conllevó al grupo empresarial el pago de una multa administrativa. Sin embargo, las actuaciones y afecciones al cauce público y en especial a la servidumbre del barranco y al suelo rústico de protección hidráulica no han cesado, sino que han ido a más.

Miembros de la federación se acercaron al lugar y pudieron comprobar que los trabajos han borrado tramos de la pista de acceso a la playa y la han desplazado al mismo eje de aguas del cauce, construyendo taludes artificiales, con importantes afecciones a las formaciones vegetales de este espacio, en especial a los cardonales tababailes. Desde la federación no se descartan también posibles afecciones a restos arqueológicos que pueda albergar la zona, producto de las obras. El cauce natural del barranco ha quedado totalmente transformado. La nueva pista se está construyendo dentro de una trinchera que va paralela al cauce artificial del barranco, con grandes canales de piedras que han sido sustraídos del fondo del mismo. Los movimientos de tierra con maquinaria pesada pretenden restar suelo al barranco para aumentar la superficie de las fincas, alterando de forma irreversible todo el ecosistema. La intención parece ser continuar cauce abajo hasta llegar a la misma desembocadura.

Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción sospechamos que el Grupo LOPESAN, se ha excedido nuevamente y con creces de lo que puede ser autorizable, presentado proyectos a la administración que no tienen que ver con lo que posteriormente se ejecuta. Con la presentación de la denuncia al Seprona por parte de la federación se pretende que se inicie la investigación pertinente para comprobar si la citada empresa se ha excedido en sus intervenciones en la zona, más allá de lo que autorizan los permisos disponibles y se evalúen los daños ambientales a los valores naturales del espacio protegido, así como las afecciones al patrimonio arqueológico. Sería necesario comprobar si las actuaciones son acordes con la normativa establecida en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo para los suelos rústicos de protección hidráulica y si las actuaciones desarrolladas en el cauce del barranco se ajustan a la legalidad vigente de la Ley de Aguas de Canarias para el dominio público hidráulico, Ley 12/1990 del 26 de julio, así como la conformidad de los trabajos con respecto al PIO.

Desde la federación ecologista canaria consideramos escandaloso el grado de transformación a la que se ha visto sometido el cauce del barranco, sorprendiéndonos que la administración dé permisos para este tipo de intervenciones tan drásticas pese a ser dominio público hidráulico y espacio natural protegido.

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Un año más los rebaños de Trashumancia y Naturaleza y Concejo de la Mesta vuelven de las montañas del norte de León a los invernaderos madrileños, pasando por la capital del Estado y de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, se celebrar el 25 aniversario del paso trashumante por la ciudad pero también se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Por ello, Ecologistas en Acción señala cinco aspectos claves de la trashumancia, actividad milenaria que hay que seguir potenciando en el marco de una sociedad postindustrial:

1. La ganadería trashumante, la extensiva y los movimientos locales de ganado semiestabulado, son una de las actividades que permiten preservar los pocos más de 80.000 kilómetros de vías pecuarias que quedan en el Estado español y los poco más de 3.000 kilómetros que nos quedan en la Comunidad de Madrid.
2. 3.000 kilómetros de vías pecuarias que además del interés para el trasiego ganadero, que hay que seguir potenciando, prestan importantes servicios ambientales. El ancho de las mismas permite la existencia de ecosistemas herbáceos, arbustivo y arbóreos, que conforman hábitats faunísticos, amplias superficies de captura y secuestro de carbono y estructuras de conexión ecológica.
3. Hoy más que nunca el servicio ambiental de estructura de conexión ecológica es clave para el movimiento altitudinal y latitudinal de la fauna y flora ante los efectos adversos del cambio climático. Y necesarios para que sigan funcionando los mecanismos de colonización y recolonización del territorio por la fauna. Por eso es necesario que las vías pecuarias se encuentren en buen estado, y no troceadas y fragmentadas, como lo están en la actualidad.
4. La ganadería trashumante y extensiva ofrecen productos cárnicos no industriales, ni criados en macrogranjas, de primera calidad, que ofrece una mayor seguridad y calidad del producto consumido, y muy escasos impactos ambientales frente a la ganadería tradicional industrial
5. La ganadería trashumante y extensiva aprovecha recursos pastables naturales, renovables y de gran calidad que surgen de forma natural en el ámbito de las vías pecuarias.

Sin embargo, el viaje del rebaño trashumante de Trashumancia y Naturaleza y Concejo de la Mesta entre León y Madrid no es el recorrido idílico que se nos quiere hacer creer, desde la publicidad institucional. La profunda alteración del sistema de vías pecuarias de todas las provincias por las que ha pasado y, en particular la madrileña, obligará a movilizar a decenas de personas voluntarias, así como a la Guardia Civil y Policías Locales, ya que la seguridad de los rebaños no está garantizada ante los graves problemas que posee el soporte físico por el que tienen que discurrir el ganado: las vías pecuarias.

Los problemas más graves se centran en la ocupación y corte de las vías pecuarias por centenares de kilómetros de carreteras y vías férreas; urbanización de kilómetros de tramos completos de caminos pastoriles; intrusiones laterales de colindantes que reducen el ancho de las vías pecuarias; reducción del ancho de las vías pecuarias en los procesos de concentración parcelaría; falta de estructuras que salven infraestructuras de comunicación como carreteras y ferrocarriles. Uso de las vías pecuarias para competiciones deportivas y circulación de quads y motos todo terreno. Ocupaciones ilegales de las vías pecuarias para campos de golf de uso militar (Cañada Real de Madrid, Cañada del Torote), aparcamientos, etc.

Ecologistas en Acción, en el XX aniversario de la aprobación de la Ley 8/1998, de 15 de junio de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, ha formulado un conjunto de propuestas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para que sean puestas en marcha, y se asegure que el proceso de destrucción de los caminos pastoriles madrileños se detiene y revierte.

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Este plan es un sinsentido que no soluciona el origen del problema, las macroplantaciones de una sola especie exótica de pino, el Pinus radiata; su propuesta estrella, la fumigación aérea con oxido cuproso, supone un atentado contra el medio ambiente y un “asesinato” masivo y premeditado de los montes y ríos de Euskadi. El óxido de cobre es una sustancia química aprobada como biocida de espectro general, usada principalmente como conservante de la madera. De acuerdo con el Reglamento REACH (UE) 2015/830, esta sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos y supone un “peligro agudo y crónico” para el medio ambiente, en especial para el medio acuático. Además, se aconseja que se “evite su liberación al medio ambiente” y en caso de vertido, se recomienda “mantenerla alejada de aguas superficiales y subterráneas y retener y eliminar el agua de lavado contaminada”.

El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales no van a hacer caso a las recomendaciones y restricciones de uso, y van incluso un paso más allá, al solicitar la autorización especial para realizar fumigaciones aéreas. Esto supondrá la afección a grandes superficies de montes y ríos, -no sólo pinares enfermos-y favorecerá la dispersión generalizada del óxido de cobre en el medio natural.Al ser una medida poco selectiva, que no distingue entre ecosistemas, contaminará aquellos acuíferos, ríos y riachuelos situados en las zonas fumigadas, perjudicando a todos los seres vivos que las habitan, bien sean personas, animales o árboles sanos o enfermos.

Ekologistak Martxan teme que el impacto de esta “solución” pueda ser impredecible e irreparable, sobre todo en nuestros ríos. Por ello, nos gustaría saber qué opina URA del uso de óxido cuproso; ¿Se va a plegar a los intereses del Gobierno Vasco y de la industria maderera o va a defender el interés general y el medio ambiente?; ¿Van a revisar que se cumpla la legislación y poner límites a las fumigaciones para cerciorarse que se respeta la banda de seguridad de 50 m en ríos y arroyos? Con esta decisión, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, demuestran que solo quieren favorecer sus intereses partidistas anteponiendo los intereses económicos del lobby maderero al interés general de la ciudadanía, del medio ambiente y de otros sectores como la agricultura ecológica o la recolección de setas, que se pueden ver seriamente afectados.

Ekologistak Martxan considera que con las fumigaciones previstas, el modelo de explotación de las grandes superficies de pinares exóticos y de una gestión de los mismos basada solamente en criterios económicos ha tocado fondo. Es el momento idóneo para apostar por el bosque autóctono, rico en biodiversidad y menos vulnerable a plagas y por la silvicultura cercana a la naturaleza.

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Esta semana se han conocido los detalles de una importante operación policial contra la pesca ilegal de atún rojo. Desde Ecologistas en Acción se felicita a la administración por el operativo de estos últimos meses que se ha saldado con un total de 79 personas detenidas y el descubrimiento de una red que movía millones de euros en atún rojo ilegal. Dicha red se amparaba en el negocio legal que manejaba de forma paralela, ligado a las jaulas de engorde.

El atún rojo es una especie emblemática que lleva asociada a nuestras comunidades costeras miles de años. Durante todo ese tiempo ha sido fuente de alimento, bienestar y cultura. Sin embargo, en las últimas décadas, la sobrepesca de esta especie, tanto legal como ilegal, motivada por el gran negocio que genera y por el pensamiento de considerarla como un recurso inagotable, llevaron al borde del colapso a la pesquería.

Por este motivo se tomaron medidas drásticas con grandes recortes en las cuotas y una mayor persecución de la pesca ilegal. Dichas medidas han tenido su efecto y las poblaciones de atún rojo se están recuperando. “Aún así, parece que no somos capaces de aprender de los errores del pasado y en 2017 el organismo encargado de establecer las cuotas de pesca, el ICCAT, decidió aumentar de forma drástica la cantidad de atún rojo que se podría pescar entre 2018 y 2020”, ha explicado Eneko Aierbe, portavoz de Ecologistas en Acción. “De esta manera se ha saltado el principio de precaución y ha confiado en una recuperación que, aunque parece evidente, su alcance no ha podido ser comprobado completamente ni evaluado a medio plazo”.

Las tramas de pesca ilegal similares a las de esta semana parecen haber tenido un repunte con el aumento de la población de atún rojo, al amparo de ese negocio millonario. Es conocido el hecho de que muchos atunes son descartados al morir en el transporte desde el punto de pesca hasta las jaulas de engorde, de forma que no son contabilizados. Lamentablemente, se desconoce el alcance real de esta práctica que agrava la situación de sobrepesca.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a todo el sector de la pesca para que denuncie cualquier ilegalidad que se pueda observar, puesto que la pesca ilegal supone un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad. El sector pesquero es el primer afectado, pero también los propios consumidores, que como en este caso, corren el riesgo de consumir un producto que no cumpla con los mínimos de salubridad y puede tener graves consecuencias.

Asimismo, la pesca ilegal supone echar por tierra todos los esfuerzos para conseguir una pesca sostenible que mantenga unos ecosistemas sanos y que necesitan de depredadores como el atún rojo para mantener su equilibrio.

Ecologistas en Acción recuerda el papel fundamental que juega la pesca artesanal de nuestras costas (y en cierta medida el sector almadrabero) puesto que, actuando de forma adecuada, es la que genera un menor impacto en el ecosistema. No obstante, este tipo de pesca se ve discriminada ante el reparto de cuotas.

Por ello, la organización ecologista exige al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  una completa y correcta aplicación del artículo 17 de la Política Pesquera Común que pide expresamente un reparto de cuotas basado en criterios objetivos y transparentes y en donde se primen, entre otras razones, los criterios ambientales que prioricen las pesquerías de bajo impacto.

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Informe ‘Agujero tóxico’ (en inglés)

Un equipo de investigación europeo, con el que ha colaborado Ecologistas en Acción, ha encontrado tóxicos procedentes de basura electrónica en el plástico reciclado utilizado en juguetes y otros productos a la venta en España.

Los tóxicos encontrados se dividen en dos tipos de sustancias ignífugas o retardantes de llama: por un lado los polibromo difenil éteres (PBDE en inglés), utilizados hace años en cubiertas y aislamiento de cables de electrónica y el hexabromo ciclododecano (HBCD), utilizado en espumas de poliestireno y plásticos para electrónica y automóviles. Ambos tipos de sustancias son disruptoras endocrinas relacionados con el mal funcionamiento de la tiroides, con daños neurológicos y con déficits de atención infantil. Además, están entro los 28 tóxicos más peligrosos del planeta de la lista del Convenio de Estocolmo por su persistencia en el ambiente.

El estudio analiza 109 juguetes, accesorios para el cabello y utensilios de cocina comprados en diferentes países europeos. Los resultados muestran que el 98 % de las muestras contenían polibromo difenil éteres (PBDE) y el 80 % contenían hexabromo ciclododecano.

En España, Ecologistas en Acción tomó muestras de tres juguetes y tres accesorios para el cabello. Las seis muestras contenían polibromo difenil éteres (PBDE) en concentraciones que variaban de 171 a 948 partes por millón (ppm). Cinco contenían HBCD.

Resultados de los productos españoles en partes por millón

La legislación europea limita la cantidad de PBDE presente en productos de consumo. Para plástico de nueva fabricación, el límite es 10 ppm (partes por millón) para la suma de los polibromo difenil éteres OctaBDE y DecaBDE. Sin embargo, si el plástico es reciclado, el límite que se permite es de 1.000 ppm.

Los productos analizados en España no superan los límites legales para plástico reciclado. Pero los resultados evidencian la incongruencia de que se permitan una cantidad de tóxicos cien veces mayor en plástico reciclado y la inseguridad para el consumidor ya que, al comprar un producto de plástico, desconoce si el plástico utilizado es nuevo o reciclado, por lo que ignora el nivel de disruptores endocrinos al que se expone.

En conjunto, los resultados indican que los retardantes de llama presentes en la basura electrónica vuelven a los productos de consumo fabricados con plástico reciclado, incluidos los retardantes de llama prohibidos por la Convención de Estocolmo por su elevada persistencia y toxicidad.

Según Jitka Strakova, investigadora de la organización Arnika especializada en sustancias tóxicas persistentes, que ha liderado el estudio: “Al sistema endocrino de un niño, al que le está afectando el PBDE tóxico, no le importa si un juguete está hecho de plástico nuevo o reciclado. La única forma de proteger la salud de las personas frente a los tóxicos de la basura electrónica en cerrar este vacío legal y sacar las sustancias del ciclo de reciclaje de plástico”.

Ya que las exenciones de reciclaje para los PBDE equivalen a un doble estándar para los plásticos, Ecologistas en Acción junto a los equipos de investigación y las organizaciones que han participado en el estudio, exige a las autoridades españolas que toman las medidas necesarias para asegurar que los plásticos reciclados cumplan con los mismos estándares que los plásticos nuevos en la Unión Europea.

El estudio ‘Agujero tóxico: reciclaje de desechos peligrosos en nuevos productos‘ lo han desarrollado Arnika, HEAL e IPEN. Se recogieron 430 muestras entre abril y julio de 2018 en los siguientes países: Estados miembros de la Unión Europea (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Portugal, España y Suecia) y los países de Europa Central y Oriental (Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Rusia y Serbia). El laboratorio de la Universidad de Química y Tecnología de Praga analizó más a fondo 109 productos para determinar las concentraciones de productos químicos retardantes de llama bromados específicos.

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Los vertidos proceden del colector de pluviales de La Chanca “estos lo hemos denunciado en multitud de ocasiones”. De hecho, en la última denuncia de 2018, la Junta de Andalucía daba como resuelto el problema de esta contaminación por aguas residuales endémica.

Verdemar censura los vertidos procedentes de la Chanca estos inundaban la playa de Los Lances y el paseo marítimo. Recordamos que el vertido de sustancias antropogénicas de agua no tratada o subtratada se ha convertido en el responsable de muchas enfermedades y problemas de salud. Debido a que las descargas de aguas residuales generan la contaminación del agua, los peces y otras criaturas marinas mueren, afectando indirectamente a la salud humana.

Es probable que las aguas residuales contengan varias materias orgánicas, compuestos de nitrógeno y fósforo, patógenos, aceites y grasas, metales pesados ​​y muchos otros productos químicos tóxicos dependiendo la fuente que los genere.

Se han realizado muchos estudios para conocer el impacto de las aguas residuales en el medio ambiente, lo que indica que el agua residual que se libera en los océanos o ríos puede ser una gran preocupación para la salud humana y el equilibrio ecológico.

Las aguas residuales que están llenas de sustancias químicas complejas pueden generar disminución en el nivel de oxígeno en las fuentes de agua naturales y, por lo tanto, causar un cambio drástico en la vida acuática. “Tarifa se ha convertido en un emisor contaminante sin remedio, es más, la carga contaminante que tiene esta localidad, no puede soportar su red de saneamiento” señalan los ecologistas en su nota.

Por todo ello, ha anunciado que Verdemar-Ecologistas en Acción va a poner en manos de la Fiscalía el expediente de los últimos años con el fin de que tome cartas en el asunto.

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Más de cuarenta organizaciones de diferentes ámbitos han presentado la campaña Defiéndeme para exigir un sistema de regulación con rango de ley que garantice que la población infantil únicamente pueda verse expuesta a publicidad de alimentos y bebidas saludables.

Con esta alianza formada por Justicia Alimentaria, la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), Amigos de la Tierra, Medicus Mundi y Ecologistas en Acción, se busca proteger los derechos de la infancia a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, evitando el efecto pernicioso de la publicidad. El manifiesto, además, ha estado apoyado por más de cuarenta organizaciones adheridas, entre las que se encuentran: el Comité Español Interdisciplinario de Prevención Cardiovascular, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Asociación Española contra el Cáncer, la Plataforma Rural , la Asociación de Enfermería Comunitaria, el Consejo General de la Psicología o la Coordinadora de ONG.

El director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, ha pedido a la administración pública que cambie de estrategia en la lucha contra la obesidad infantil y los problemas de mala alimentación y “asuma que haberla dejado en manos de las propias empresas ha sido un enorme error”. “Necesitamos políticas públicas que protejan a los niños y niñas del bombardeo descontrolado de publicidad de alimentos insanos”, ha reivindicado.

Niñas y niños: la población más vulnerable

En el Estado español, los niños y las niñas ven al día 25 anuncios televisivos de alimentos y bebidas, la mayoría de los cuales no son saludables. Durante la infancia no somos capaces de identificar la publicidad ni somos conscientes de su objetivo comercial ni persuasivo. Hasta los 12 años el ser humano carece de la madurez cognitiva necesaria para ser escéptico ante los mensajes comerciales, considerándolos ciertos, justos y precisos cuando no siempre lo son. Niñas y niños siguen eligiendo con preferencia los productos anunciados, incluso cuando reciben consejo de personas adultas para elegir otros más saludables. La publicidad alimentaria es con frecuencia engañosa también para las personas adultas, ya que hasta el 80 % de alimentos y bebidas que se anuncian con alegaciones nutricionales y de salud positivas, en realidad no son saludables. “Las familias reclaman que la salud esté por encima de los intereses económicos de la industria alimentaria”, ha enfatizado Leticia Cardenal, presidenta de la CEAPA.

Aplicar el perfil nutricional que marca la OMS

La inmensa mayoría de la publicidad alimentaria que se emite, hace referencia a productos no saludables, contribuyendo al desarrollo de obesidad –el 45 % de los niños y las niñas del Estado tiene sobrepeso u obesidad– y a sus complicaciones en la infancia, con el consiguiente aumento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y cáncer en el futuro. “La publicidad de alimentos y bebidas no saludables es una de las principales causas de la epidemia de obesidad infantil que padecemos en España, y esto es así por la falta de efectividad de la actual regulación para proteger a nuestros hijos y nuestras hijas. La propuesta que hacemos es coste-efectiva, promueve ambientes saludables, protege a una población vulnerable, ayudando a niños y niñas a alimentarse de forma saludable, disminuye desigualdades sociales en salud, aumenta la libertad individual de elección de los padres y cuenta con el apoyo de científicos, profesionales de la salud y consumidores”, ha concluido Miguel Ángel Royo, representante de SESPAS.

Para seleccionar los productos saludables, cuya publicidad sería permisible, se propone aplicar el perfil nutricional de la región europea que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) para luchar contra la obesidad. El ámbito de actuación de la ley debe abarcar todos los medios publicitarios y, en particular: televisión, cine y radio; medios impresos y espacios publicitarios al aire libre (vallas, medios de transporte, etc.), Internet, aplicaciones de videojuegos con fines publicitarios (advergames), telefonía móvil y patrocinios (congresos, jornadas, fiestas, etc.). Este tipo de regulación ya funciona en otros países, como es el caso de Chile, que no solamente abarca la publicidad sino que también pone coto al etiquetado confuso y engañoso.

La autorregulación no funciona

El Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos Dirigida a Menores (PAOS) regula esta materia en el Estado español. Este código, por su propia naturaleza y por haber sido gestado por las propias empresas, es incapaz de proteger a la infancia del efecto pernicioso de la publicidad alimentaria. La autorregulación y la corregulación, tal y como se ha demostrado en multitud de estudios, tienden a ser ineficaces en su aplicación práctica. Además, el Código PAOS no regula el perfil nutricional de los productos anunciados ni la frecuencia de exposición, en contra de las recomendaciones de la OMS los grupos de expertos y las organizaciones de consumidores. Asimismo, contraviene lo estipulado en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición al restringir su aplicación a menores de 12 años en medios audiovisuales e impresos, en lugar de los 15 años que marca dicha ley. Ante esto, para exigir limitaciones reales y defender la salud infantil, se ha lanzado hoy la campaña Defiéndeme, con el fin de eliminar de la publicidad de alimentos malos para la salud de la población infantil.

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Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región ¹. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70 % de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches ², el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

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dissabte 27 octubre

Acte emmarcat en les VIII Jornades Anticapitalistes organitzades per la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa a Castelló de la Plana.

Sindicalisme combatiu a Andalucía, un exemple de lluita!

La campanya “Li diuen democràcia i no ho és!” d’Endavant (OSAN), denuncia el caràcter antidemocràtic de l’estat espanyol, que s’evidencia en fets com les detencions contra la llibertat d’expressió, la persecució política del referèndum d’autodeterminació, les corrupteles diverses, les agressions feixistes o la repressió sindical.

Li diuen democràcia i no ho és!
Construïm sobiranies, guanyem drets, exercim l’autodeterminació!

Organitza: Endavant (OSAN) – la Plana